La ocupación de territorios, la extracción de recursos naturales —energía, agua y materiales—, y la emisión de contaminantes a gran escala, continúan en todo el planeta al ritmo del crecimiento de la población global y de la economía en tiempos de crisis.
El impacto ambiental global de las actividades humanas alcanzó magnitudes geológicas, con capacidad para mover tantos materiales como arrastran los ríos del mundo y la erosión de las montañas, contaminar el planeta al punto de disparar un cambio climático, y provocar la sexta gran extinción en la historia de la Tierra. Homo sapiens se ha convertido pues en una fuerza geológica que marca la conclusión del Holoceno y la emergencia del Antropoceno.
La población global mantiene sus ritmos de crecimiento de tal modo que no podemos esperar menos de 2 mil 500 millones más de habitantes hacia el horizonte 2050. La ocupación de territorios, el cambio de uso de suelo, el avance de la mancha urbana y la destrucción de la cobertura vegetal primaria continúan sin capacidad humana para reordenar la situación.
Solamente un puñado de países poseen capacidades para planear la evolución de cómo ocupan el espacio las actividades económicas, los asentamientos humanos y las infraestructuras. Pero la tragedia de los bienes comunes continúa, tanto porque las políticas públicas de los países desarrollados no integran suficientemente los criterios de la sustentabilidad ambiental, como porque mientras tanto la inmensa mayoría de los países en desarrollo no posee capacidades ordenadoras del desarrollo.
Aunque México posee muchas más y mejores capacidades que la mayor parte de los países en desarrollo del mundo, la Ley de Planeación no habilita para planear cómo debe ordenarse la ocupación del territorio, no ofrece asideros para la planeación del desarrollo industrial, y no da oportunidad para configurar una visión republicana a futuro que permita a México mejorar su posicionamiento en la arena internacional.
Ya se vio durante el debate acerca de la denominada «reforma energética», para la cual nuestro marco político – jurídico no dio para más que resolver transitoriamente la redistribución del pastel petrolero entre los actores políticos y económicos ya involucrados. Tampoco ha sido posible una verdadera reforma de Estado, que cada vez que se plantea aborta o se limita a cuestiones electorales y del régimen de partidos. No se dispone de mecanismos adecuados para definir cuáles son los grandes problemas de la República, y para dirimir y planear democráticamente las cuestiones sobre seguridad estratégica energética, alimentaria, de salud, ambiental o de gobernabilidad.
El desafío del cambio climático es muy ilustrativo. Urge construir capacidades específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y la economía ante los impactos adversos previsibles del calentamiento global. Pero en la mayor parte del planeta estas capacidades son inexistentes; peor aún, no hay condiciones suficientes para desarrollarlas.
A la gran brecha de la desigualdad entre países ricos y países pobres se añade la inequidad ambiental. Un tercio de la humanidad vive con menos de 2 dólares diarios y mil millones de personas sufren hambre crónica. El calentamiento global agudiza la pérdida de suelos productivos, de disponibilidad de agua y de biodiversidad, de tal modo que el escenario tendencial en el siglo XXI indica mayores problemas de pobreza, hambre e ingobernabilidad. El escenario tendencial conduce a escenarios tipo «Mad Max».
Para superar la crisis económica de los últimos dos años, las economías desarrolladas echaron mano de alrededor de dos billones de dólares. En contraste, el Acuerdo de Copenhague logró que los mismos países desarrollados destinen alrededor de 500 mil millones [medio billón], pero en el curso de una década, para combatir el cambio climático: 10 mil millones de dólares a partir de 2010, fondos que se acrecentarían año con año para, en 2020, alcanzar 100 mil millones anuales. Resulta ostensible la gran diferencia para valorar el problema.
Así las cosas, no se puede dejar de insistir que la organización de la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático [CMNUCC], a partir del próximo 28 de noviembre en Cancún, constituye para México una oportunidad sin precedentes para movilizar sus energías alrededor de una reflexión estratégica de fondo, que permita al país elegir mejores opciones de desarrollo y fortalecer sus alianzas estratégicas multilaterales. Si México sabe aprovechar este ejercicio internacional para fortalecerse internamente, habrá logrado lo más importante: construir un verdadero sistema nacional de planeación y ordenamiento territorial. Lo que está en juego es preparar al país para una segunda revolución industrial hacia una economía baja en carbono, así como minimizar la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y de las grandes infraestructuras.
El único futuro posible debe ser gobernable, pero la creciente inequidad global, incluida la ambiental, lo hacen cada vez más difícil. ¿Cuándo, el gobierno federal, hará saber su estrategia de organización y contenido para la COP16 de cambio climático? Ya sólo faltan nueve meses...
